El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 19 entidades criminales de Myanmar y Camboya responsables de estafar a ciudadanos estadounidenses por más de 10.000 millones de dólares durante 2024, lo que representa un aumento del 66% respecto al año anterior. Esta cifra alarmante revela la magnitud de una industria criminal que combina tráfico humano, trabajo forzado y fraudes digitales sofisticados.
Centros de estafas que funcionan como fábricas del crimen
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó nueve objetivos que operan en Shwe Kokko, Myanmar, y diez entidades con base en Camboya. Estos centros criminales utilizan una técnica conocida como «pig butchering» o «engorde de cerdos», donde los estafadores construyen relaciones falsas de amistad o romance con sus víctimas antes de convencerlas de invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.
«La industria de ciberestafas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna», declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El complejo criminal de Yatai New City
En Myanmar, las sanciones se centran en Yatai New City, un extenso complejo en Shwe Kokko construido durante ocho años por She Zhijiang, un ciudadano chino, y Saw Chit Thu, líder del Ejército Nacional Karen. Este asentamiento transformó una pequeña aldea en una «ciudad resort» diseñada específicamente para el juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas internacionales.
El complejo opera bajo la protección del Ejército Nacional Karen, que obtiene ganancias tanto de las operaciones de estafa como de la venta de servicios básicos. Las víctimas que logran escapar reportan palizas por no cumplir con las cuotas diarias de contactos con potenciales víctimas estadounidenses, y amenazadas con trabajo sexual forzado.
Camboya: de casinos a centros de fraude cripto
En Camboya, las sanciones apuntan a entidades que convirtieron antiguos complejos de casinos en centros de estafas con criptomonedas cuando descubrieron que el fraude era más rentable que el juego tradicional. Entre los objetivos se encuentran T C Capital Co. Ltd., propietaria del Golden Sun Sky Casino and Hotel, y K B Hotel Co. Ltd., ambas albergando complejos donde obligan a trabajadores esclavizados a realizar estafas con monedas virtuales.
Estas operaciones están dirigidas por ciudadanos chinos con extensos antecedentes criminales, incluyendo a Dong Lecheng, condenado por lavado de dinero en China en 2008, y Xu Aimin, quien cumplió 10 años de prisión en China por operar anillos ilegales de juego en línea por valor de miles de millones de dólares.
El papel de las criptomonedas en las operaciones
Las monedas estables como USDT se han convertido en la herramienta favorita de estos criminales porque permiten transferir instantáneamente fondos robados desde una víctima en Estados Unidos hasta un complejo criminal en el sudeste asiático. Sin embargo, los expertos señalan que una vez identificados los actores maliciosos, es posible rastrear el dinero y trabajar con las empresas para congelarlo.
Alice Frei, experta en seguridad y cumplimiento de Outset PR, explicó que aunque las sanciones de organismos como OFAC son efectivas, «no son una bala de plata». Cuando sancionan un centro de lavado de dinero, «obliga a los intercambios y emisores de monedas estables a congelar los fondos relacionados, lo que interrumpe inmediatamente las rutas más fáciles de los estafadores».
Estados Unidos cree que debe fortalecerse la respuesta
En julio, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China advirtió que la respuesta estadounidense a esta industria de fraude multimillonaria vinculada a organizaciones criminales chinas es «fragmentada y con recursos insuficientes». La comisión estimó que las pérdidas estadounidenses por fraudes vinculados a China probablemente superaron los 5.000 millones de dólares en 2024.
Estas sanciones representan un escalamiento en la campaña de la administración Trump contra el crimen financiero organizado, congelando todos los activos en territorio estadounidense de las entidades designadas y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellas. Sin embargo, los expertos advierten que las redes criminales suelen «reinventarse» y establecer nuevos mercados cuando son sancionadas, por lo que la efectividad depende de una presión continua en el cumplimiento de las medidas.
